Una vez identificado el conflicto, el siguiente paso consiste en realizar un análisis ordenado del expediente, revisando la documentación disponible, las condiciones de la póliza y la resolución adoptada por la aseguradora.
Este análisis permite determinar si la decisión adoptada se ajusta a la cobertura contratada, así como identificar posibles puntos de discrepancia jurídica o técnica.
En esta fase se valora de forma preliminar la viabilidad de una reclamación, así como las posibles vías de actuación disponibles en función del caso concreto.